Equilibrio de poderes. Reivindicamos el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno de ellos, como ha ocurrido en México con el poder Ejecutivo, domine a los demás. Reivindicamos, igualmente, la necesidad de poderes institucionales ajustados a lo que expresamente señala la Constitución, que establezcan una función de contrapeso uno con respecto al otro. No es con una presidencia débil, sino fuerte, en el marco de la Constitución, como puede contribuirse a una vida institucional estable.

Rendición de cuentas. La consolidación moderna de la democracia pasa por la creación de mecanismos institucionales que obliguen a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a rendir cuentas de sus decisiones, acciones, gastos y actividades. La impunidad y la corrupción, son resultado entre otras cosas, de la ausencia de mecanismos que otorguen transparencia a los actos de los poderes ante los ciudadanos.

Corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil. Las organizaciones ciudadanas que se dedican a las cuestiones públicas desde la sociedad civil han experimentado un notable crecimiento en el último decenio. Se han convertido en la práctica en uno de los emblemas más significativos de transformación de la sociedad mexicana Por ello, las organizaciones sociales dedicadas a las cuestiones medioambientales, de promoción de la cultura democrática, defensoras de los derechos humanos, deben contar con un estatuto legal específico para que formen parte de la arquitectura institucional del país. En tal estatuto deben definirse sus derechos y las responsabilidades ante la sociedad y el Estado.

Federalismo genuino. Durante décadas el centralismo político ha nulificado la práctica del federalismo contemplado en la Constitución. Por ello, propugnamos por abrir paso al desarrollo de procesos de desconcentración y descentralización que tengan como principio el reconocimiento efectivo de la soberanía económica, social y política de los Estados, así como la práctica real de la autonomía de los municipios.

Seguridad Pública. La seguridad pública es una de las responsabilidades primeras que debe cumplir el Estado a los ciudadanos. El Estado se instituye en principio para preservar la paz y la estabilidad de una nación. Cuando la violencia de los particulares rebasa o cuestiona la capacidad de respuesta del Estado, es éste el que se encuentra en entredicho. Reivindicamos la necesidad de un combate a la delincuencia común y al crimen organizado a partir de desarticular los nexos que las organizaciones criminales mantienen con algunas instancias de la administración e impartición de justicia; así como de contar con ministerios públicos diligentes y profesionales, y con jueces imparciales y honestos.

Honestidad pública. Es imprescindible terminar con las prácticas de los funcionarios que conciben la hacienda pública como su patrimonio personal, como si los puestos y las funciones que se les asignan fueran la plataforma para construir una empresa destinada al lucro. La honestidad es la exigencia primera que los ciudadanos demandamos a nuestros gobernantes, acompañada, desde luego, de su eficacia y capacidad.

Servicio profesional de carrera. La administración pública la entendemos como un ejercicio profesional al servicio de la sociedad. Los funcionarios y los programas de las dependencias oficiales no pueden estar sujetos a los vaivenes propios de la lucha política. La profesionalización de un servicio de carrera permitiría dar continuidad a la labor gubernamental, estableciéndose mecanismos institucionales para administrar y mantener programas que redunden en una racionalización de la función pública y, finalmente, en un mejor servicio para los ciudadanos.

Afirmación de la Soberanía ante la globalización. Reivindicamos la posibilidad y la necesidad de afirmar la soberanía nacional como un valor político central, sin que ello signifique dar la espalda a los procesos de globalización económica, política y cultural que existen en el mundo. El replanteamiento de la tradicional soberanía, cuestionada hoy por los procesos de globalización, debe y puede hacerse desde la plataforma de un proyecto nacional que se sustente en los valores e identidades propios. La globalización, por otra parte, no debe ser pretexto para que las naciones hegemónicas impongan sus intereses y políticas a partir de controlar los organismos internacionales que procesan decisiones planetarias como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, etc.

Democratización de las relaciones internacionales. Reivindicamos que el Estado debe promover la democratización de las relaciones internacionales a partir de que éstas se guíen por el criterio de que los organismos internacionales sean representativos, y no sean sólo la expresión de los intereses y políticas de los Estados hegemónicos; de que las controversias internacionales se resuelven a través de la aceptación de la jurisdicción de tribunales internacionales imparciales.